La Universidad IBEROamericana Puebla solicitó a las autoridades federales y estatales el esclarecimiento de la detención del docente Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien denunció haber sido víctima de presuntas violaciones a derechos humanos tras ser retenido por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Luego de que el académico fuera localizado con vida, tras ser reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero, la institución dio a conocer su testimonio, en el que relató que fue detenido el 31 de diciembre sin que se le informaran los motivos legales de su aseguramiento ni se le permitiera comunicarse con sus familiares o representantes legales.
De acuerdo con Escobar Barrios, durante la detención habría sido agredido físicamente, lo que derivó en la fractura de tres costillas, lesión que ya cuenta con respaldo médico. Posteriormente, fue puesto a disposición de la policía municipal de Apodaca, donde permaneció privado de la libertad durante tres días, sin recibir atención médica oportuna, pese a encontrarse desorientado.
El docente también denunció que durante su estancia en los separos permaneció en condiciones precarias, con acceso limitado a agua potable y alimentación insuficiente, además de encontrarse expuesto a la intemperie. Añadió que nunca tuvo conocimiento formal de los cargos en su contra, lo que, señaló, vulnera los protocolos mínimos de actuación en detenciones.
Tras recuperar su libertad, Escobar aseguró que le fueron retirados sus documentos personales y pertenencias, situación que le impidió continuar su traslado a la Ciudad de México y posteriormente a Puebla, donde desempeña labores académicas. Esta condición lo llevó a permanecer en el aeropuerto y a deambular por zonas aledañas, hasta quedar en situación de calle.
Finalmente, fue localizado el 16 de enero en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez, Nuevo León, al que ingresó tras ser encontrado en estado crítico.
Durante una conferencia realizada en la IBERO Puebla, el académico afirmó que su testimonio se sustenta en evidencia verificable, como registros de cámaras de seguridad, material videográfico y pruebas científicas. “Estoy recurriendo a los medios de la única institución que me respaldó durante todo este proceso”, declaró.
En el mismo espacio, Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la universidad, advirtió que la ausencia de un registro oficial de la detención representa un incumplimiento de los protocolos legales y podría constituir una violación grave a los derechos humanos.
Por su parte, el rector Alejandro Eduardo Guevara Sanginés dio a conocer el posicionamiento institucional y llamó a las autoridades competentes a investigar los hechos, garantizar justicia y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni la policía de Apodaca han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.