En México, siete de cada diez personas indígenas viven en extrema pobreza. La falta de reconocimiento a la identidad y diversidad cultural genera violaciones a derechos fundamentales como la autoadscripción, el acceso a una vida digna y el poder sobre las tierras y territorios.
Así lo indicó la Lic. Verónica Garzón Bonetti, coordinadora de Incidencia en Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C., durante la segunda sesión del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y Derechos Humanos, que organiza el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla.
La discriminación y violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia se dan en dos vertientes: dentro del proceso penal, con detenciones arbitrarias, falta de defensa adecuada e intérpretes; y dentro de los centros penales, por las condiciones precarias de confinamiento.
Ya sea por su apariencia o por sospechas discriminatorias, las personas indígenas están en mayor riesgo de sufrir detenciones arbitrarias. “La mayor parte de los indígenas detenidos no conocen los motivos por los cuales se les privó de la libertad”, explicó la experta. También existe un riesgo latente de tortura mayor que el de la población no indígena (21% contra 15%, respectivamente).
Garzón Bonetti explicó que el derecho a una defensa adecuada también es violentado: el 51% de los indígenas no se entrevistaron previamente con su abogado y el 75% tuvieron acceso a una defensa pública, lo cual los pone a merced de personas que no pueden ofrecer un servicio adecuado.
Se refirió a las cárceles en México como entornos torturantes en los que no se garantiza una vida digna. Los principales delitos que se les ha imputado son contra la salud (3,214), contra la libertad sexual (1,682) y contra el patrimonio. Además, cerca del 60% de las mujeres indígenas están acusadas por crímenes contra la salud relacionados con narcotráfico.
“En un Estado ideal que reconozca a las autoridades indígenas, estas personas no estarían presentes en un sistema penitenciario estatal, sino que estarían sujetas a la jurisdicción de las comunidades”: Verónica Garzón.
La activista puso en tela de juicio la prisión preventiva, misma que cuenta con una brecha de género importante a nivel nacional: 40% de los hombres cumplen este tipo de confinamiento contra 50% de las mujeres; en personas indígenas, es de 42.2% por 26%. “Esta prisión elimina la posibilidad de analizar la necesidad, pertinencia, proporcionalidad y razonabilidad de la medida”.
El derecho a la reinserción social implica hablar de un proyecto de vida en el ejercicio pleno de la libertad. Para ello, debe haber condiciones de internamiento dignas. Educación, salud, trabajo, deporte y capacitación para el trabajo son los cinco ejes que Verónica Garzón considera vitales para garantizar que las personas puedan regresar a contextos mejores de los que los llevaron a delinquir.
Sobre esa línea, lamentó que los servicios de salud no sean aceptables en términos culturales. De igual manera, la educación al interior de los centros penitenciarios y de reinserción social es en español, no en lenguas originarias, y el trabajo dentro de las prisiones no garantiza una perspectiva intercultural ni de género: el 32% no realizan actividades laborales y el 47% se enfoca únicamente en la elaboración de artesanías.
Enfoque diferencial
Garzón Bonetti cuestionó la universalidad de los derechos humanos, siendo que el derecho abstracto difícilmente es atraído a la realidad. En su lugar, propuso la implementación de un enfoque intercultural que contemple el reconocimiento de la importancia de las diferentes culturas para dejar de lado las violaciones a los derechos humanos. “Esto nos permite identificar la coexistencia y promover el respeto mutuo a las cosmovisiones”.
A esta perspectiva sumó la urgencia de enfoques de género e interseccionalidad. Sobre el primero, enfatizó que las mujeres no acceden a los derechos en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, por lo que este enfoque evidenciaría las relaciones de poder originadas por la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género u orientación sexual.
Por su parte, el paradigma interseccional es una forma de comprender cómo convergen y se relacionan diversas formas de opresión y vulnerabilidad en las personas. En el contexto de justicia, permitiría identificar la forma en que diversas características convergen en una persona, generando opresión y discriminación.
Existe una falta de atención y reconocimiento al pluralismo imperante en los centros de reinserción social del país, lo cual genera discriminación y negación de la identidad cultural de las personas. “Para poder combatir la discriminación de las personas indígenas tenemos que garantizar sus derechos desde una visión multicultural que se traduzca en normas, instituciones y políticas públicas”, cerró Verónica Garzón.