El Congreso del Estado de Puebla deberá responder en los próximos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los avances legislativos relacionados con el reconocimiento legal de las infancias trans, tema pendiente desde 2022 tras una resolución del máximo tribunal del país.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, informó que a partir del 15 de mayo comenzará el plazo de 10 días otorgado por la SCJN para presentar un informe sobre el estado de la iniciativa y las acciones realizadas por el Poder Legislativo.
El legislador reconoció que se trata de un tema sensible y de alta relevancia social, por lo que consideró importante construir consensos antes de llevar cualquier dictamen al pleno. En ese sentido, no descartó la realización de foros de consulta ciudadana para escuchar opiniones de especialistas, organizaciones civiles y sociedad en general.
“Estamos todavía en proceso de estudio. La Corte nos marca tiempos y tendremos que responder dentro del periodo establecido”, señaló.
Pavel Gaspar Ramírez explicó que, hasta el momento, ninguna asociación civil ha solicitado formalmente mesas de trabajo o reuniones con el Congreso para dialogar sobre el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad.
La discusión legislativa surge luego de que en marzo de 2022 la Suprema Corte ordenó al Congreso de Puebla modificar el Código Civil del estado para permitir que niñas, niños y adolescentes puedan rectificar su acta de nacimiento y documentos oficiales conforme a su identidad autopercibida.
Sin embargo, a cuatro años de la resolución judicial, la reforma continúa sin aprobarse, situación que podría derivar en sanciones económicas para las y los diputados locales por incumplimiento de la resolución de la SCJN.
De acuerdo con la normativa vigente, el Congreso podría enfrentar multas de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale actualmente a más de 14 mil pesos.
El debate sobre el reconocimiento de las infancias trans en Puebla continúa generando posturas divididas, mientras el Poder Legislativo se encuentra bajo presión para cumplir con el mandato judicial y avanzar en la armonización legal.