En un comunicado que firma el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana, se resaltan aciertos del Congreso de la Unión sobre el nombramiento de nuevos consejeros electorales.
El escrito también deja varias reflexiones y preguntas sobre los retos y desafíos del nuevo Instituto Nacional Electoral, frente a nuevos tiempos políticos, a continuación publicamos el posicionamiento:
El Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática celebra y reconoce la decisión tomada el 22 de julio en el pleno de la Cámara de Diputados, con la que designó a Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, José Martín Fernando Faz Mora y Carla Astrid Humphrey Jordan como nuevas y nuevos consejeros electorales.
Esta decisión, de amplio consenso parlamentario, es signo de salud democrática al menos por dos razones. En primer lugar, porque estuvo apegada a las bases establecidas en la Constitución para la realización de este proceso de designación, resultado de la reforma político-electoral de 2014.
En segundo lugar, porque si bien pudo haber sido tomada por mayoría, fue producto de la búsqueda y la construcción de acuerdos políticos, blindando así al árbitro electoral de la lógica que había prevalecido años atrás en la integración de su Consejo General, la de las cuotas y los cuates.
La convocatoria para este propósito, aprobada por unanimidad en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en febrero pasado, fue un buen augurio en este proceso de designación.
Pese a que las entrevistas con las y los 60 aspirantes que llegaron a esta fase no fueron transmitidas en vivo, estas se hicieron públicas el día en que el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer las cuatro quintetas que esta instancia entregó al órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. En este sentido, se trató de un proceso transparente, objetivo, equitativo y legítimo.
Como ya se había resaltado, en medio de un contexto de polarización social y política, la consecución de acuerdos legislativos es motivo de reconocimiento. Pero lo es más que la parte toral del proceso haya recaído en un cuerpo colegiado ciudadano integrado por siete personas de reconocido prestigio, quienes condujeron un arduo, serio y complejo proceso de evaluación de manera responsable, garantizando la deliberación, el rigor y el consenso en su quehacer.
Su trabajo confirma la pertinencia y los beneficios de construir decisiones legislativas con la ciudadanía; esta debería ser la nueva normalidad democrática.
El nuevo INE tiene delante de sí procesos electorales de la mayor trascendencia: la elección de 2021, la revocación de mandato en 2022 y la próxima elección presidencial en 2024, además de los desafíos propios que enfrenta la institución y le exigen repensarse. Con la decisión de la Cámara de Diputados, fruto de la destacada tarea que llevó a cabo el Comité Técnico de Evaluación, se fortalece la institucionalidad democrática.
