La discusión de la Ley Inmobiliaria del Estado de Puebla en el Congreso local representa una oportunidad clave para combatir los fraudes en el sector inmobiliario y brindar mayor certeza jurídica a quienes compran o venden un inmueble, afirmó César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE).
El líder empresarial señaló que esta iniciativa permitirá establecer reglas claras para la actividad inmobiliaria y cerrar el paso a prácticas irregulares que han afectado el patrimonio de cientos de familias poblanas. Destacó que uno de los ejes centrales de la propuesta es la modernización del Registro Público de la Propiedad, así como una supervisión más estricta de las operaciones que ahí se realizan.
Bonilla Yunes recordó que esta solicitud fue planteada directamente al gobernador del estado, quien se comprometió a impulsar este año la modernización del Registro Público, acción que irá de la mano con la nueva legislación inmobiliaria para reducir delitos como la falsificación de documentos, la venta irregular de inmuebles y las dobles partidas registrales.
Por su parte, Carolina León, presidenta del sector inmobiliario del COE, alertó que en la zona metropolitana de Puebla existen alrededor de 8 mil personas que se ostentan como inmobiliarios, pero únicamente 2 mil están formalmente establecidos, regulados y certificados.
El resto, dijo, opera de manera improvisada y sin cumplir requisitos básicos de identificación y legalidad.
Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar plenamente a los intermediarios inmobiliarios, confirmando que cuenten con domicilio fiscal, oficinas establecidas, alta ante el SAT y, de preferencia, pertenencia a alguna asociación formal, lo que facilita su localización y responsabilidad legal en caso de conflictos.
El COE también planteó la necesidad de que la Secretaría de Economía participe en la creación de un padrón estatal de prestadores de servicios inmobiliarios, que permita regular la oferta de inmuebles en plataformas digitales y bolsas inmobiliarias. Con este registro, se podría exigir a las plataformas retirar anuncios de personas no acreditadas.
Finalmente, los representantes empresariales subrayaron que un Registro Público modernizado ayudaría a erradicar conflictos derivados de registros duplicados y otras irregularidades. Asimismo, señalaron la importancia de auditar y supervisar al Poder Judicial en casos donde se detecten resoluciones atípicamente rápidas, con el fin de prevenir abusos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.