El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que fue su administración la que ordenó una auditoría a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al señalar que durante años esta dependencia ha estado marcada por prácticas de corrupción que impactaron directamente a escuelas y comunidades educativas en la entidad.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que existen rezagos históricos que evidencian un manejo inadecuado de los recursos públicos, al referir casos de escuelas que, pese a recibir presupuesto anual, carecen desde hace años de conserjes, maestros, prefectos, directores o subdirectores.
Alejandro Armenta subrayó que estas carencias no pueden atribuirse únicamente a la falta de recursos, sino a irregularidades acumuladas durante décadas, por lo que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
El titular del Ejecutivo estatal aclaró que su administración respeta plenamente a los liderazgos sindicales y trabaja de manera coordinada con ellos; sin embargo, dejó en claro que ninguna presión o manifestación detendrá un proceso racional y necesario para sanear la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, puntualizó que el Gobierno de Puebla no es represor y actuará conforme al debido proceso, al enfatizar que las sanciones corresponderán a las autoridades competentes. “Quien cometió una falta tendrá una sanción”, reiteró.
Lo anterior se da luego de que una auditoría extraordinaria a la SEP de Puebla revelara que alrededor de 700 plazas fueron asignadas de manera ilícita entre 2024 y 2025, lo que encendió alertas sobre posibles irregularidades acumuladas durante la última década.
Como medida preventiva, la dependencia mantiene suspendida la entrega de 2 mil 500 plazas, incluidas las 700 detectadas con anomalías, en tanto concluyen las investigaciones y se determinan las responsabilidades legales correspondientes.
Cabe recordar que en noviembre se anunció oficialmente el inicio de esta auditoría, cuyo alcance no se limita únicamente a la asignación de plazas laborales, sino que también incluye la revisión de los procesos de entrega de plazas y la emisión de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES).
La revisión abarcará un periodo de hasta 10 años, incluyendo expedientes desde 2015, y contemplará la evaluación de autorizaciones otorgadas a instituciones privadas para incorporar programas de educación superior al sistema educativo nacional.
Se trata de un proceso complejo debido al alto volumen de documentación, ya que miles de expedientes deberán ser analizados con el objetivo de garantizar eficiencia administrativa, transparencia y una educación de calidad en Puebla.