La diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de sancionar a la servidora o el servidor público que, en materia agraria, solicite o reciba pagos indebidos por trámites gratuitos, o bien, se aproveche del desconocimiento de las personas para inducirlas a entregar dinero o beneficios indebidos.
La propuesta indica que se impondrá prisión de tres meses a siete años y multa de una a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito, al servidor público que, por sí, o por interpósita persona, valiéndose de la información obtenida con motivo de su empleo, cargo o comisión en materia agraria, o aprovechándose de su calidad de autoridad agraria, solicite, exija, reciba u obtenga dinero, dádivas o cualquier beneficio indebido de personas campesinas, ejidatarias, comuneras, agricultores, productores agrícolas o habitantes de zonas rurales, por trámites, gestiones o solicitudes que conforme a la normatividad aplicable sean gratuitos.
La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción X al artículo 417 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Por otra parte, en sesión de la Comisión Permanente, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa mediante la cual se reforman diferentes ordenamientos, con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada de los pueblos y comunidades indígenas.
