Proponen en el Congreso del Estado de Puebla, una reforma para que, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) sea electo por el «voto popular», la iniciativa fue presentada por el diputado Octaviano Huerta Rodríguez y tiene como objetivo modificar los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución Política estatal.
Huerta Rodríguez, legislador del Partido del Trabajo, argumentó que actualmente la designación del fiscal en Puebla recae en el Congreso o en el gobernador, lo que según él, impide la verdadera autonomía de la FGE al estar subordinada a los poderes ejecutivo y legislativo.
El diputado expuso una serie de deficiencias en el proceso para la designación del fiscal General del Estado, tales como la falta de una convocatoria pública y abierta en la primera etapa, la opacidad en la integración del listado de candidatos, la ausencia de criterios claros para la designación de la terna y la falta de mecanismos para la participación ciudadana en las comparecencias, entre otras.
«Las estadísticas y la evaluación de la procuración de justicia en Puebla están a la vista de todos (…) el actual método de designación del fiscal no ha mejorado la procuración de justicia. La sociedad y las víctimas se encuentran solas y vulnerables ante la falta de interés y empatía», señaló Huerta Rodríguez al criticar el desempeño de Gilberto Higuera Bernal, quien asumió el cargo en febrero de 2020 y cuyo mandato vence en febrero de 2027.
Para resolver esta problemática, el diputado propone que sean los ciudadanos quienes elijan al titular de la FGE a través de un nuevo procedimiento, estableciendo así un método «democrático, participativo e incluyente». Entre las propuestas presentadas por Huerta Rodríguez se encuentra que el fiscal general tenga un mandato de seis años, sea electo durante las elecciones locales, se aplique el principio de paridad de género y se organice la elección a cargo del Instituto Electoral del Estado (IEE), además de aplicar la revocación del mandato bajo control ciudadano.
La iniciativa ha sido turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y discusión.
