El secretario de Educación Pública de Puebla, Manuel Viveros Narciso, informó que la auditoría en curso sobre la entrega irregular de plazas docentes y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES) será decisiva para conocer si existen responsabilidades de ex titulares de la dependencia.
Durante una visita al Congreso del Estado, Viveros señaló que los resultados de las investigaciones podrían afectar intereses políticos, debido a la relevancia de los personajes involucrados y a la profundidad del proceso de revisión administrativa.
“Seguramente, cuando tengan ya los resultados, ellos mismos lo darán a conocer. Nosotros estamos tranquilos, además de seguir la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier”, afirmó.
Investigación abarca una década y varios ex secretarios
La auditoría analiza principalmente el periodo 2024-2025, correspondiente a la gestión del ex priista Jorge Estefan Chidiac, pero también incluye una revisión más amplia de diez años. Entre los ex funcionarios sujetos a investigación se encuentran:
- Jorge Benito Cruz Bermúdez
- Patricia Vázquez del Mercado
- Miguel Robles Bárcena
- Melitón Lozano Pérez
- José Luis Sorcia Ramírez
- Isabel Merlo Talavera
- Jorge Estefan Chidiac
La SEP estatal busca determinar si existieron prácticas irregulares en la asignación de plazas y en el otorgamiento de RVOES, procesos que son clave para garantizar la legalidad y transparencia en el sistema educativo poblano.
SEP asegura actuar conforme a las instrucciones del gobierno estatal
Viveros Narciso reiteró que la dependencia se mantiene tranquila y alineada a las directrices del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha pedido una revisión exhaustiva y transparente.
El secretario acudió al Congreso para atestiguar la entrega de la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”, acto en el que reiteró que la SEP colaborará plenamente con las autoridades de fiscalización.
Implicaciones de la auditoría
Los resultados podrían marcar un precedente en la rendición de cuentas en el sector educativo de Puebla, especialmente por el alcance de las indagatorias y la magnitud de los nombres involucrados. La administración estatal prevé informar públicamente los hallazgos una vez que las instancias correspondientes concluyan el análisis.