A casi cuatro años de la trágica explosión por una toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacan, el Ayuntamiento de Puebla anunció el inicio de un proyecto de reparación integral con la edificación de nueve viviendas para las familias damnificadas.
El proyecto, que será ejecutado por la administración municipal encabezada por José Chedraui Budib, contempla una inversión pública de 15 millones de pesos y busca cumplir con la recomendación 169/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual criticó la falta de acciones del gobierno anterior encabezado por Eduardo Rivera Pérez.
Nuevo terreno y estrategia financiera
Las casas se construirán en un predio de 895.85 metros cuadrados, ubicado en la calle 124 B, número 70, de la colonia San Aparicio Las Fuentes. El terreno ya cuenta con uso habitacional y la autorización correspondiente.
La síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, detalló que el presupuesto incluye no solo la obra civil, sino también costos legales y fiscales, como escrituración e impuestos. Explicó que, aunque el gobierno anterior asignó inicialmente 13 millones de pesos, se sumaron 2 millones adicionales para completar el monto requerido.
«Tenemos una estrategia financiera y jurídica sólida, sólo falta el visto bueno de la Comisión para arrancar con la obra», afirmó Silva Ruiz.
Falta validación de víctimas
Aunque los recursos y el proyecto están listos, aún se espera la validación de las víctimas, proceso que está siendo coordinado por la CNDH. Esta instancia será la encargada de dialogar con los afectados para que aprueben el predio propuesto y autoricen el inicio de la construcción.
Tragedia con consecuencias duraderas
El estallido ocurrido el 31 de octubre de 2021 por una toma ilegal de gas en ductos de Pemex dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 59 viviendas colapsadas, además de decenas de familias desplazadas. Desde entonces, los damnificados han exigido respuestas y soluciones que por años se mantuvieron pendientes.
Aunque el proyecto fue aprobado en los últimos días del gobierno interino de Adán Domínguez Sánchez, será la actual administración municipal la que ejecute la obra y, con ello, avance en el resarcimiento del daño social.