El bar Lacosse, donde un incendio causó la muerte de cinco personas, operaba con licencia vigente y había sido sometido a inspecciones municipales previas, informó el secretario General de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez.
El funcionario señaló que los dueños del establecimiento renovaron recientemente su permiso de funcionamiento, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normativa local. Añadió que años atrás el lugar también había sido revisado sin que se detectaran anomalías que justificaran una clausura.
Rodríguez Álvarez reconoció las dificultades de supervisar una ciudad con casi dos millones de habitantes y una intensa actividad comercial.
“Siempre hay abusos por parte de algunos dueños que no cumplen la ley, y otras veces ocurren hechos lamentablemente fortuitos, como lo sucedido en Lacosse”, declaró.
El secretario indicó que, ante emergencias graves como esta, la instancia responsable de recibir denuncias e integrar las investigaciones es la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, el Ayuntamiento mantiene coordinación permanente para reforzar acciones preventivas y operativos.
Durante la administración de Pepe Chedraui, el gobierno municipal realizó una revisión general de licencias, proceso en el que Lacosse obtuvo el refrendo correspondiente. Rodríguez Álvarez puntualizó que la licencia original fue otorgada en el trienio anterior y ha mantenido sus renovaciones de manera regular.
El secretario informó que cada semana se desarrollan entre 25 y 30 operativos para verificar el cumplimiento de la ley, evitar la venta ilegal de alcohol, sancionar el suministro a menores de edad y vigilar el respeto a los horarios permitidos, cuyo límite es las 2:00 de la mañana. Tan solo la semana pasada se realizaron ocho clausuras.
También se supervisa la venta de bebidas alcohólicas en vía pública —actividad totalmente prohibida— y en domicilios particulares, aunque esta última resulta más compleja al tratarse de propiedad privada. Faltas menores derivan en multas económicas, mientras que las violaciones graves implican clausura definitiva.
Rodríguez Álvarez concluyó que todas las acciones de inspección, operativos y clausuras se reportan a la Mesa de Seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a la población.