El Cabildo de Puebla aprobó solicitar al Congreso del Estado la autorización para concesionar, por un periodo de 10 años, el uso, aprovechamiento y explotación de los paraderos del transporte público en la capital. La decisión, tomada por mayoría de votos, generó debate entre regidores debido a diferencias sobre los beneficios, riesgos y condiciones del contrato.
Propuesta y justificación del Ayuntamiento
El alcalde explicó que esta iniciativa busca retomar un proceso inconcluso de la administración pasada, detenido por un litigio con la empresa Clear Channel, que entonces contemplaba un contrato de 3 años y medio. Ahora, afirmó, el procedimiento será abierto y transparente, mediante una convocatoria pública, sin que exista una empresa asignada previamente.
De acuerdo con el presidente municipal, el nuevo contrato incluirá:
- Contraprestación anual: 2.8 millones de pesos al Ayuntamiento.
- Pago único inicial: mínimo de 15 millones de pesos.
En contraste, recordó que el contrato original de 2001 apenas otorgaba 600 mil pesos anuales y que en administraciones anteriores los beneficios se concentraron en la empresa concesionaria, dejando los paraderos en malas condiciones.
Posturas en contra
El regidor Carlos Montiel Solana (PAN) cuestionó el periodo de concesión y la falta de un diagnóstico claro sobre el número de paraderos dañados, los costos de mantenimiento y los ingresos por publicidad.
Por su parte, Esther Ortiz Pérez señaló que no existe un inventario actualizado del mobiliario urbano y dudó que la contraprestación ofrecida sea proporcional. Estimó que, considerando 389 paraderos con dos espacios publicitarios cada uno a un costo de 4 mil pesos mensuales, los ingresos podrían alcanzar 3.1 millones de pesos al mes, es decir, 37 millones de pesos anuales para la empresa concesionaria.
Aprobación final
Pese a las críticas, el Cabildo aprobó por mayoría enviar la solicitud al Congreso local. De recibir luz verde, la concesión permitirá instalar y mantener paraderos, así como explotar los espacios publicitarios, durante la próxima década.
Con esta medida, el Ayuntamiento busca mejorar la infraestructura de transporte público y generar ingresos adicionales, aunque la discusión sobre la transparencia y rentabilidad del contrato seguirá vigente.