La Coordinación General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla acumula observaciones por 101.7 millones de pesos correspondientes al periodo de gobierno anterior, encabezado por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, informó el actual titular del área, Ricardo Gutiérrez Loyola.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), las irregularidades detectadas incluyen 13.1 millones de pesos en servicios profesionales, 58.5 millones en difusión por medios tradicionales y 30.1 millones en creación de contenido digital, todos sin contratos ni documentación comprobatoria que justifique los pagos realizados.
Transparencia y reestructuración en la gestión actual
Durante su primer año de gestión, la administración encabezada por Pepe Chedraui Budib destinó 125.5 millones de pesos a Comunicación Social, de los cuales el 90% se concentró en medios de comunicación, estudios de opinión y servicios de streaming.
Gutiérrez Loyola destacó que en este periodo se produjeron 1,297 piezas informativas, 65 campañas de difusión, 83 publicaciones impresas, además de transmisiones en vivo de las sesiones del Cabildo y comisiones municipales. Estas acciones representan un incremento del 67% en campañas respecto a la administración anterior.
El funcionario subrayó que la nueva estrategia de comunicación busca ser clara, inclusiva y accesible, en congruencia con los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, priorizando la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
Modernización y fortalecimiento institucional
Como parte de las mejoras, se remodeló la Sala de Prensa “Enrique Montero y Javier López Díaz”, y se implementaron análisis de riesgos, estudios de opinión y evaluaciones de percepción ciudadana para optimizar la comunicación institucional.
Finalmente, Gutiérrez Loyola informó que la empresa encargada de las transmisiones del Cabildo será sancionada tras la falla técnica registrada el 16 de octubre, ocasionada por el sobrecalentamiento de equipos.
La actual administración busca corregir las irregularidades heredadas, fortalecer la rendición de cuentas y consolidar una comunicación pública más eficiente y transparente.