Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, fue cuestionada por la diputada Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, sobre el estado que guardan las investigaciones en contra de ex fiscales que fueron incorporados y posteriormente separados de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2025, por su presunta vinculación con actos de corrupción.
La legisladora señaló que a lo largo de la gestión de Pastor Betancourt se han documentado diversos señalamientos relacionados con presunta corrupción interna, designaciones de mandos que después fueron investigados, así como renuncias, destituciones y aperturas de carpetas de investigación contra ex funcionarios que formaron parte de su equipo cercano.
En ese contexto, Suriano Corrales cuestionó si la fiscal asumirá alguna responsabilidad por haber integrado perfiles que posteriormente fueron señalados por posibles conductas delictivas, además de reclamar la falta de información pública sobre sanciones administrativas, vinculaciones a proceso o inhabilitaciones derivadas de esos casos.
Ante los cuestionamientos, la fiscal Idamis Pastor confirmó que existen carpetas de investigación y procedimientos administrativos abiertos en contra de ex fiscales, y sostuvo que la institución ha actuado conforme a la ley. No obstante, justificó la situación al señalar que este tipo de casos pueden presentarse en cualquier dependencia pública.
“Se confía en las personas con base en su currículum y su perfil profesional. Hoy existen investigaciones y actos administrativos, se está avanzando y las consecuencias deberán asumirse”, declaró la fiscal ante las y los legisladores
En respuesta, Pastor Betancourt también reviró los señalamientos al señalar que hay investigaciones en curso contra tres presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano, aclarando que ello no implica responsabilidad directa de la diputada y subrayando el principio de presunción de inocencia.
El intercambio evidenció la tensión política durante la comparecencia, así como el debate en torno a la responsabilidad institucional y la rendición de cuentas en la Fiscalía General del Estado, uno de los temas centrales en la agenda legislativa de Puebla.