La baja escolaridad es una constante entre la población penitenciaria de Puebla. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2024, elaborado por el INEGI, la mayoría de las personas privadas de la libertad no logró avanzar más allá de la secundaria.
Según el reporte, de los 7,326 internos registrados en el estado, 2,811 solo cursaron la secundaria y 2,652 tienen como máximo nivel educativo la primaria o preescolar. Además, se identificó que 471 reclusos nunca asistieron a la escuela, lo que refleja una marcada brecha en el acceso a la educación básica.
En contraste, los casos de formación superior son mínimos: apenas 20 internos cuentan con maestría, 263 con estudios universitarios y 62 con formación técnica o comercial. Otros 1,047 alcanzaron el bachillerato, aunque también representan una minoría dentro del sistema penitenciario estatal.
Educación y criminalidad: una conexión directa
Diversos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han señalado la relación entre escolaridad y criminalidad. El organismo advierte que cada año adicional en la educación secundaria reduce de forma significativa el riesgo de caer en prisión, al incrementar las oportunidades de acceder a empleos formales y con mejores salarios.
El estudio del INEGI confirma esta tendencia en Puebla, donde los bajos niveles educativos predominan entre quienes cumplen una condena.
Situación preocupante en el sistema de justicia juvenil
El panorama no es distinto en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Puebla. En 2024, el registro oficial muestra que la mayoría de los menores privados de la libertad tampoco superó la educación básica: dos adolescentes con estudios en preescolar o primaria, cinco en secundaria y solo 15 alcanzaron la preparatoria.
Un reto pendiente para Puebla
La falta de acceso a educación de calidad se mantiene como un factor de riesgo en contextos de marginación y crimen. Los datos evidencian una deuda estructural: la necesidad de fortalecer las políticas educativas y de reinserción social que permitan romper el ciclo entre desigualdad, rezago escolar y delincuencia.