El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que tres litigios ya cuentan con sentencia por alrededor de mil 100 millones de pesos; se analizan acuerdos para reducir intereses y se preparan acciones legales contra exfuncionarios y empresas.
El Gobierno del Estado de Puebla inició una revisión integral de contratos no finiquitados de administraciones pasadas que derivaron en más de 100 demandas legales y que hoy representan un riesgo financiero millonario para las finanzas públicas, informó el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.
Durante su mensaje, el funcionario detalló que al inicio de la actual administración se detectó un rezago de litigios relacionados con contratos que, en algunos casos, tienen una antigüedad de hasta 20 años. La falta de cierre formal de estos acuerdos permitió que obligaciones administrativas se transformaran en procesos judiciales con reclamaciones económicas elevadas, cuyo impacto total podría ascender a miles de millones de pesos.
De acuerdo con la revisión jurídica, al menos 10 juicios concentran el mayor riesgo financiero, con un monto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos. Dentro de ese grupo, tres casos ya cuentan con sentencia y representan cerca de mil 100 millones de pesos, por lo que actualmente se analizan mecanismos de conciliación, particularmente en el rubro de intereses, para disminuir el impacto en el erario estatal.
García Parra explicó que la mayoría de los procedimientos se originaron por omisiones administrativas en el cierre de contratos, situación que abrió la puerta a reclamaciones posteriores por parte de empresas contratistas. En la revisión de expedientes, dijo, se identificó un patrón de irregularidades en el que habrían participado compañías y exservidores públicos al validar conceptos inexistentes, trabajos fuera de catálogo y obras no ejecutadas, los cuales fueron incorporados en las demandas para inflar los montos reclamados.
Además de la defensa jurídica de los casos en curso, el gobierno estatal prepara acciones legales contra empresarios y exfuncionarios presuntamente involucrados en estas prácticas. Aunque algunas conductas podrían haber prescrito por el tiempo transcurrido, el coordinador de Gabinete aseguró que se integran carpetas de investigación contra socios de empresas que, según las indagatorias, estarían vinculadas entre sí, por posibles delitos de delincuencia organizada y fraude sistemático contra el Estado.
Finalmente, García Parra reiteró que la atención de estas más de 100 denuncias es una prioridad de la actual administración y subrayó que el Gobierno de Puebla mantendrá la defensa del patrimonio público, con el objetivo de sancionar a los responsables y lograr la reparación del daño en beneficio de las y los poblanos.