El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que su administración ha otorgado estímulos económicos, facilidades administrativas y apoyos directos a concesionarios y permisionarios del transporte público, por lo que dejó en claro que no se permitirán presiones ni chantajes frente al anuncio de un posible paro del servicio programado para este martes 3 de febrero.
Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró que el diálogo con el sector transportista permanece abierto, pero subrayó que las acciones del gobierno buscan poner orden, garantizar la legalidad y proteger a los usuarios, especialmente ante los operativos que realizará la Secretaría de Movilidad y Transporte para retirar unidades que no cumplieron con la Revista Vehicular.
“Siempre habrá diálogo, pero no puede haber chantaje”, sostuvo Armenta Mier, al rechazar que existan argumentos válidos para afectar a la ciudadanía cuando, dijo, durante el último año se brindaron facilidades suficientes para que el sector se regularizara.
El gobernador aseguró que las políticas implementadas han considerado tanto a los usuarios como a los propios transportistas, y destacó que existe evidencia documental de los apoyos otorgados. Además, adelantó que estos incentivos no solo continuarán, sino que en 2026 se destinarán mayores recursos al fortalecimiento del transporte público.
Armenta Mier también hizo una distinción entre los verdaderos prestadores del servicio y quienes, afirmó, acumulan cientos de concesiones, lo que genera prácticas monopólicas y desequilibrios dentro del sistema. Señaló que existen casos de personas con 400 o hasta 500 concesiones, situación que afecta tanto al sector como a los usuarios.
“No pueden poner contra las cuerdas ni al gobierno ni a los ciudadanos. Nuestra prioridad es proteger a la población y asegurar que el transporte funcione conforme a la ley”, puntualizó.
Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal reiteró que los operativos de supervisión continuarán, y que cualquier inconformidad deberá atenderse mediante los canales institucionales, sin vulnerar el derecho de las y los poblanos a un servicio de transporte regular, seguro y legal.