Tras la fuga de una Persona Privada de la Libertad (PPL) del penal municipal de San Pedro Cholula, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, advirtió que el gobierno estatal está dispuesto a asumir el control de los 11 Centros Penitenciarios Municipales si los ayuntamientos no garantizan condiciones adecuadas de operación y seguridad.
El funcionario aclaró que el reclusorio de San Pedro Cholula es de carácter municipal, por lo que su administración y funcionamiento corresponden al ayuntamiento. No obstante, señaló que el estado puede intervenir en caso de que no se cumpla con los estándares mínimos requeridos.
Puebla revisará los 11 penales municipales
Sánchez González informó que en la entidad existen cuatro centros penitenciarios bajo administración estatal, mientras que el resto depende directamente de los municipios, quienes son responsables del pago de servicios, personal, mantenimiento y operación administrativa.
Ante la reciente evasión, anunció que a partir del jueves se realizará una revisión integral de los 11 penales municipales. Además, se convocará a los presidentes municipales que tienen a su cargo centros de reclusión para evaluar su situación operativa y financiera.
“El objetivo es determinar si requieren apoyo técnico del estado o, en su caso, si solicitan que la administración estatal asuma la seguridad y operación”, puntualizó.
Observaciones al penal de San Pedro Cholula
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detalló que sostuvo una reunión con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, en la que se realizaron observaciones sobre áreas que deben corregirse en la administración y operación del penal.
Indicó que el gobierno estatal ofreció acompañamiento técnico, pero dejó claro que, si el municipio no puede garantizar el control administrativo y operativo, el estado está en condiciones de asumir la responsabilidad.
Supervisión de recursos y condiciones mínimas
Sánchez González subrayó que la SSP tiene la obligación de verificar el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, así como revisar que los recursos destinados a seguridad, mantenimiento y pago de personal sean utilizados para esos fines.
Explicó que se llevará a cabo una evaluación para determinar si los penales municipales cumplen con las condiciones mínimas necesarias para operar de manera adecuada y segura.
Este proceso se realizará en coordinación con la Secretaría de Gobernación estatal, a fin de asegurar que las acciones se apeguen a los lineamientos legales y administrativos correspondientes.
La posible intervención del estado en los penales municipales marcaría un ajuste en el modelo de administración penitenciaria en Puebla, especialmente en el contexto de reforzar la seguridad tras la reciente fuga en San Pedro Cholula.