El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) debe proporcionar versión pública del acta de entrega-recepción de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V, así como de los informes mensuales y del acta de devolución, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“El conocido caso de Oceanografía es un botón de muestra de lo grave de la corrupción en nuestro país, así como un claro ejemplo de cómo la clase política se ha beneficiado y ha beneficiado a ciertos empresarios que, posteriormente, le devuelven ese mismo beneficio a la clase política que le brindó los privilegios”, enfatizó la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena
Al presentar el caso ante el Pleno, sostuvo que la información solicitada es de interés público, porque se relaciona con un posible fraude en las contrataciones realizadas por el Estado, en el que se encuentran involucrados personajes del sector público.
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“La apertura de la información constituye un medio idóneo para satisfacer el interés público y legítimo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen para conocer sobre la investigación de actos fraudulentos atribuibles a una empresa que, en su momento, tuvo una relación contractual con el gobierno de México, cuyos contratos y montos ascendieron a millones de dólares, además, de que existe información oficial y pública que da cuenta de posibles hechos de corrupción que han sido objeto de investigación”, apuntó.
Una persona solicitó al INDEP el expediente completo del caso Oceanografía y/o toda la información que sus áreas contengan respecto a la administración de dicha empresa, incluido el número de demandas recibidas por el despido de empleados
confidencial; no obstante, tras aplicar una prueba de interés público, se determinó que debe prevalecer el acceso a la información, debido a que las supuestas acciones realizadas por el personal de la compañía con respecto a los contratos celebrados con Petróleos Mexicanos, así como la evasión del pago de cuotas de Infonavit y las irregularidades de créditos autorizados a dicha empresa, se encuentran involucradas en hechos posiblemente constitutivos de delitos.
Finalmente, por cuanto hace a los tiempos de entrega, se estableció un plazo de 90 días para garantizar el acceso a la información, una vez efectuado el pago.
Bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del INDEP, a efecto de que ponga a disposición una versión pública del acta de entrega-recepción, los informes y el acta de devolución, donde únicamente proteja la información antes señalada.
