La dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Liz Sánchez García, afirmó que el instituto político no encubrirá a personas que tengan vínculos con la delincuencia, aunque aclaró que el amparo promovido por la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, no significa que la alcaldesa sea culpable de alguna conducta ilícita.
Durante su asistencia al informe legislativo del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, la lideresa petista sostuvo que Ariadna Ayala ejerció un derecho constitucional al solicitar un amparo, por lo que consideró incorrecto interpretar este recurso legal como una señal de responsabilidad.
“Ya manejamos una postura como PT, creemos en el estado de derecho, que se debe investigar hasta las últimas consecuencias y el hecho de que se tramite un amparo no quiere decir que sea culpable de algo, sino es un derecho constitucional”, señaló.
PT se deslinda de cualquier encubrimiento
Liz Sánchez reiteró que el Partido del Trabajo mantiene una postura de respeto al Estado de derecho y a las investigaciones que correspondan a las autoridades, al tiempo que descartó que el partido pretenda proteger a personajes relacionados con actividades delictivas.
En este sentido, subrayó que cualquier señalamiento deberá ser esclarecido por las instancias competentes mediante las investigaciones y procedimientos establecidos por la ley.
La dirigente estatal del PT también defendió la gestión de Ariadna Ayala al frente del Ayuntamiento de Atlixco y destacó que, desde su perspectiva, la administración municipal mantiene actividades y políticas públicas que han sido reconocidas a nivel nacional.
“Defendemos causas justas”, afirmó Liz Sánchez, al señalar que en Atlixco existe una presidenta municipal que continúa trabajando y encabezando acciones de gobierno.
Finalmente, la dirigente petista insistió en que los asuntos legales relacionados con el municipio de Atlixco deberán ser resueltos por las autoridades correspondientes, mientras que el partido mantendrá su postura de respeto a los procesos jurídicos y al derecho constitucional de las personas.