El Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, anunció el inicio de foros ciudadanos con el objetivo de informar, debatir y aclarar los alcances de la recientemente aprobada Ley de Ciberseguridad. Esta iniciativa busca promover la participación activa de todos los sectores sociales en el análisis y comprensión de la nueva normativa.
“El objetivo es que exista claridad y certeza. Queremos que todos los sectores comprendan los propósitos de esta ley y se involucren en su desarrollo”, afirmó García Parra durante su declaración.
Participación abierta y enfoque social
Los foros están dirigidos a toda la ciudadanía, incluyendo especialistas en tecnología, derechos digitales, ciberseguridad, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil interesadas en el entorno digital. La intención es establecer un diálogo abierto que permita construir consensos y despejar dudas sobre la ley.
Uno de los puntos clave de esta legislación es su enfoque preventivo, particularmente en temas sensibles como el suicidio y el ciberbullying, fenómenos cada vez más frecuentes en entornos digitales. La ley contempla mecanismos para detectar y actuar ante situaciones de violencia en línea, protegiendo especialmente a menores y adolescentes.
Transparencia y diálogo ciudadano
El funcionario destacó que el gobierno estatal está comprometido con este ejercicio de transparencia y apertura, y aseguró que estarán atentos a los resultados y propuestas que surjan durante los encuentros. Añadió que este tipo de participación fortalece la democracia y construye confianza en las políticas públicas.
Los foros serán organizados por el Congreso del Estado de Puebla, bajo la coordinación de su presidenta, Laura Artemisa García Chávez, quien ha manifestado su respaldo al modelo de parlamento abierto como herramienta de inclusión social.
¿Qué es la Ley de Ciberseguridad de Puebla?
Aprobada recientemente, esta ley tipifica delitos como el ciberacoso, el espionaje digital y la usurpación de identidad en internet, y plantea penas de hasta 15 años de prisión. También busca fomentar la educación digital y la protección de los derechos humanos en línea.
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