Con tres votos en contra y dos a favor, la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Puebla rechazó el dictamen que proponía eliminar las sanciones administrativas al trabajo sexual voluntario en el Coremun, iniciativa respaldada por organizaciones de trabajadoras sexuales y basada en principios de derechos humanos.
El objetivo del dictamen era eliminar la clasificación de la prostitución como una falta administrativa, promoviendo el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad legítima y ejercida libremente. La propuesta respondía a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y de organismos internacionales que instan a los gobiernos a dejar de criminalizar a las personas que ejercen esta labor.
Durante la sesión, la regidora Bertha Villavicencio se pronunció en contra, argumentando que la aprobación implicaría una legalización implícita del trabajo sexual y eliminaría figuras relacionadas con faltas morales y administrativas. También advirtió sobre posibles conflictos con tratados internacionales.
En contraste, colectivos de trabajadoras sexuales defendieron la propuesta, subrayando la urgencia de despenalizar el trabajo sexual para reducir la violencia institucional, el estigma y la discriminación. “No se trata de promover, sino de garantizar respeto, seguridad y derechos básicos”, expresaron. También rechazaron los cursos de “profesionalización” sugeridos por Villavicencio, calificándolos como medidas simbólicas que no resuelven el problema estructural.
La regidora vocal de la comisión, fue una de las dos integrantes que votaron a favor del dictamen. En entrevista, atribuyó el rechazo a la desinformación, prejuicios sociales y falta de perspectiva de derechos humanos. “Aún prevalece una visión conservadora que impide discutir el trabajo sexual con seriedad”, afirmó.
Ante el rechazo municipal, activistas anunciaron que presentarán la iniciativa ante el Congreso del Estado de Puebla, donde esperan un debate más amplio e incluyente que impulse una reforma legal integral en favor de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual de manera autónoma.