La rectoría en los sectores estratégicos tiene que ser del Estado, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al referirse a la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
“Un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y límites.”
Lo anterior, subrayó, en apego a los principios constitucionales de continuidad, confiabilidad y estabilidad en el servicio, por lo que solamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede garantizarlos en el caso del suministro de energía eléctrica.
“Es el Congreso quien tiene que decidir, y en su caso, si alguien está inconforme, podría en su momento poder impugnar lo que a su derecho corresponda en esta materia.”
Al encabezar el diálogo matutino con medios en representación del primer mandatario, la titular de Segob afirmó que la libertad de expresión es una de las caras poco vistas de las conferencias matutinas, toda vez que uno de los ejes fundamentales de la Cuarta Transformación es, sin duda, el ejercicio pleno de los derechos para el fortalecimiento de cualquier régimen y uno de los pilares de la democracia.
“Estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental. Y ésta, más allá de un derecho individual, es el derecho de la ciudadanía a tener toda la información necesaria para ejercer sus otros derechos.”
Desde Palacio Nacional, la secretaria Sánchez Cordero confirmó que el empresario Alonso Ancira fue extraditado de España y se encuentra en camino a nuestro país, a bordo de una aeronave de la Fiscalía General de la República (FGR), donde habrá de enfrentar su proceso penal.
“Lo que ha dicho el presidente: que devuelvan lo que no les corresponde, que devuelvan lo que fue materia de corrupción y que enfrenten su proceso, pero que también tengamos la posibilidad de que se devuelva al erario y a la nación lo que ilícitamente se llevaron y no les correspondía.”
