PUEBLA, Pue. 14 diciembre 2023.- Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla colocan pintura antigrafitti en las paredes de la fachada del Palacio Municipal. //Sergio Cervantes/Agencia Enfoque//

La investigación por el hoyo financiero de 547 millones de pesos detectado en el Ayuntamiento de Puebla durante la administración del exalcalde sustituto Adán Domínguez Sánchez avanzó con la apertura de un procedimiento administrativo contra dos exservidores públicos.


La contralora municipal, Dulce Rivera Arana, informó que ambos involucrados formaban parte de la administración anterior y estaban adscritos a la Tesorería Municipal, donde presuntamente incurrieron en una conducta administrativa considerada grave.


De acuerdo con la funcionaria, los hechos que se investigan corresponden a un presunto abuso cometido durante 2024, por lo que el expediente será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que deberá determinar si existen responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.


Exfuncionarios ya comparecieron
Rivera Arana detalló que los dos exservidores públicos comparecieron la semana pasada ante la Contraloría Municipal, como parte del procedimiento iniciado por las presuntas irregularidades.


Durante sus comparecencias, ambos tuvieron la posibilidad de rendir su declaración, presentar pruebas y formular las manifestaciones necesarias para ejercer su derecho de defensa.


La contralora municipal señaló que el proceso se mantiene abierto y será necesario esperar a que las autoridades competentes concluyan el análisis de las pruebas antes de establecer responsabilidades.


Mantienen bajo reserva nombres y cargos


Por tratarse de un procedimiento administrativo en curso, Dulce Rivera Arana indicó que por el momento no se harán públicos los nombres ni los cargos de los dos exfuncionarios señalados.


El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con el presunto hoyo financiero de 547 millones de pesos en el Ayuntamiento de Puebla, cuyo origen y posibles responsabilidades de servidores públicos de la administración anterior continúan bajo revisión.


Será el Tribunal de Justicia Administrativa el encargado de determinar si los hechos acreditan una falta administrativa grave y las consecuencias legales que correspondan.