El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dio lectura a la solicitud de la Consulta Ciudadana, donde refiere que, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un período caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza.
López Obrador firmó el escrito que entregará a las 11 de la mañana al Senado de México para solicitar realizar la «Consulta Ciudadana», donde se pide juzgar a los ex-presidentes. Además, destacó que la ciudadanía ha juntado cerca de 2 millones de firmas.
«Vamos a firmar este escrito, lo vamos a entregar por eso me acompaña el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra; vamos a entregar este documento, me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado tanto con el presidente del Senado como con Ricardo Monreal que es el coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito».
El presidente López Obrador, comentó que durante el sexenio de Carlos Salinas se pasó de tener 1 familia de multimillonarios en Forbes a 24 familias, las cuales fueron beneficiadas con la venta de los bienes y empresas de los mexicanos.
En dicha solicitud de Consulta Ciudadana, el Mandatario apuntó que Vicente Fox intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 a fin de evitar el triunfo de la oposición, por lo que traicionó el mandato democrático al que se debía.
Además agregó que a la luz de la detención de García Luna, la actitud de Felipe Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad, activa o pasiva, con la delincuencia organizada.
El mandatario nacional señaló que las denuncias de Emilio Lozoya, ex-director de PEMEX, confirman el origen ilegal de una parte de los recursos en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, que en su momento fueron señaladas por él mismo.
Si el pueblo decide juzgar a los ex-presidentes, las instituciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea, si el pueblo rechaza la propuesta, nadie podrá acusar a las instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales, subrayó.