El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se encuentra bajo la lupa de las autoridades de fiscalización luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara observaciones en su cuenta pública 2023 por un monto superior a los 200 millones de pesos.
La información fue revelada por la diputada federal del PT, Nora Merino Escamilla, quien subrayó que estas irregularidades constituyen un quebranto a las finanzas municipales, lo que obligará a dar seguimiento legal conforme a los procedimientos establecidos.
Denuncias presentadas ante distintas instancias
De acuerdo con Merino, el actual presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, presentó denuncias formales por este presunto desfalco, las cuales ya se encuentran tanto en la ASF como en la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Además, se detectó un hoyo financiero adicional de 547 millones de pesos, lo que incrementa la presión legal contra la administración pasada. Este señalamiento también fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, donde se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
Procesos abiertos y posibles sanciones
“A la fecha no se han subsanado completamente las observaciones; por lo tanto, los procesos permanecen abiertos”, señaló la legisladora petista, quien enfatizó que de no aclararse el destino de los recursos, las investigaciones podrían derivar en sanciones administrativas y penales contra los responsables.
El caso surge en medio de un ambiente político donde la rendición de cuentas se ha vuelto un tema central en Puebla. La ASF tiene la facultad de auditar los recursos federales ejercidos por los municipios, mientras que la ASE vigila el gasto público estatal y municipal.
De confirmarse las irregularidades, la administración de Eduardo Rivera enfrentaría uno de los mayores escándalos financieros en la capital poblana en los últimos años, con un impacto directo en la confianza ciudadana y en la transparencia del manejo de recursos públicos.
Expertos en materia de fiscalización explican que la etapa actual corresponde a la solventación de observaciones, en la que los exfuncionarios deben entregar documentación que justifique el gasto. De no hacerlo, los señalamientos avanzan hacia procedimientos de responsabilidad que pueden culminar en inhabilitaciones, sanciones económicas e incluso procesos penales.