A pesar de que han pasado más de seis meses desde que el Ayuntamiento de Puebla solicitó un dictamen oficial, Petróleos Mexicanos (Pemex) aún no emite una respuesta clara sobre el futuro de 26 bodegas ubicadas en la segunda sección de la Central de Abasto. El posible riesgo por su cercanía a ductos de hidrocarburo mantiene en incertidumbre tanto a las autoridades como a los comerciantes de la zona.
Francisco Rodríguez Álvarez, secretario general del Ayuntamiento, explicó que la solicitud a Pemex fue hecha hace cerca de siete meses, con el objetivo de determinar si las bodegas están construidas sobre derechos de vía federales o invadiendo infraestructura estratégica. Hasta el momento, el organismo federal no ha emitido el dictamen necesario para tomar una decisión definitiva.
“El área es federal y no se puede privatizar ni vender, pero no hay un dictamen que diga si están invadiendo o no. Estamos esperando que Pemex nos diga qué onda”, declaró el funcionario municipal.
Mientras se define la situación legal y de seguridad, las bodegas permanecen cerradas como medida preventiva, tanto en la segunda sección de la Central de Abasto como en la zona de Héroes de Nacozari, específicamente sobre la 104 Poniente, donde cruzan ductos de Pemex.
Rodríguez Álvarez añadió que ya se ha establecido comunicación con el área de logística de Pemex, la cual está evaluando el nivel de riesgo y las posibles acciones a seguir. Sin embargo, la falta de una postura oficial mantiene estancado el tema, que se arrastra desde administraciones anteriores.
Comerciantes exigen solución y rechazan demolición
En medio del silencio institucional, los comerciantes afectados han levantado la voz. La semana pasada, un grupo de ellos exigió públicamente que no se proceda con ninguna demolición. Alegan contar con documentos emitidos por Pemex y Protección Civil que confirman que sus bodegas no están ubicadas sobre ductos ni representan riesgo alguno para la zona.
También aseguraron que desde 2017 han intentado regularizar su situación legal y operativa, pero que no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
¿Qué está en juego?
La resolución de Pemex será clave para definir si las bodegas pueden seguir operando o si deberán ser demolidas por estar en una zona federal con riesgo potencial. La situación ha generado tensión entre el gobierno municipal, el organismo federal y los comerciantes, quienes reclaman certeza jurídica para sus inversiones y actividad comercial.
Mientras tanto, el tema continúa en pausa, con impactos económicos para los propietarios de las bodegas y sin una fecha definida para su resolución.