La abogada Ernestina Godoy Ramos ha sido oficialmente nombrada como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), marcando un momento clave en la transformación del sistema de justicia en México. Con una trayectoria sólida en el ámbito legal y político, Godoy asume el cargo tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la institución el 27 de noviembre de 2025.

Un nombramiento histórico respaldado por el Senado

El Senado de la República eligió a Godoy Ramos con 97 votos a favor, alcanzando la mayoría calificada requerida para ocupar el cargo por un periodo de nueve años. Su designación se dio tras una terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que también figuraban Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Antes de su nombramiento, Godoy se desempeñaba como encargada del despacho de la FGR y previamente fue Consejera Jurídica de la Presidencia. Su experiencia legislativa incluye haber sido diputada local y federal, así como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, cargo en el que impulsó reformas clave en materia de género y derechos humanos.

Perfil de Ernestina Godoy: experiencia y compromiso

Nacida el 17 de enero de 1954 en la Ciudad de México, Ernestina Godoy es licenciada en Derecho por la UNAM. Su carrera ha estado marcada por una firme defensa de los derechos sociales, la transparencia institucional y el acceso a la justicia. Durante su comparecencia ante el Senado, enfrentó cuestionamientos sobre la autonomía de la FGR, los cuales respondió reafirmando su compromiso con la legalidad y la independencia del Ministerio Público.

Retos y expectativas al frente de la FGR

La llegada de Godoy a la FGR ocurre en un contexto de alta exigencia ciudadana por una procuración de justicia más eficiente, transparente y cercana a la sociedad. Entre sus principales desafíos se encuentran el combate a la impunidad, la atención a víctimas, la persecución de delitos de alto impacto y la consolidación de una fiscalía autónoma y profesional.

Su nombramiento ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social, pero también ha sido interpretado como un paso hacia la consolidación de una agenda de justicia con perspectiva de género y derechos humanos.