Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas al Código Penal que endurecen la pena contra el delito de despojo, a pesar de que la ley ha sido modificada para proteger el patrimonio de los ciudadanos, la realidad es otra. En sesión de la Comisión Permanente, el diputado de Acción Nacional, Marcos Castro, dio a conocer el caso de un ciudadano, Andrés Caballero Macuil, que fue objeto de un supuesto despojo de un predio en el municipio de Tlaltenango, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Por lo anterior, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), presentó un Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo del Estado para que, a través de SICOM, el Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios, implemente una “Campaña Estatal de Difusión” en todo el estado, para informar a la ciudadanía sobre sus derechos, las nuevas sanciones y cómo proteger su patrimonio: verificar registros, evitar fraudes, y saber cómo actuar ante un intento de despojo.
Lo grave del caso que nos expuso en su momento Andrés, no solo fue que se realizó sin notificación, sin orden ni procedimiento legal, sino que fue ejecutado por el propio Ayuntamiento de Tlaltenango que, ingresó al terreno y modificó su estado, actuando como si la propiedad no tuviera dueño.
Posteriormente nos mencionó que, a pesar de que se presentaron los documentos que acreditan la legítima propiedad, nuevamente la autoridad municipal ingresó al predio, rompieron candados e impidieron al acceso a su personal.
El despojo no solo puede darse por invasores, también puede ocurrir cuando una autoridad ignora la ley. No basta con aumentar las penas si no garantizamos que, la ley se respete poniendo en riesgo el Estado de Derecho.
