Ante el debate generado por la iniciativa que busca sancionar a personas que simulen su desaparición, el coordinador de gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, planteó la necesidad de abrir consultas ciudadanas y espacios de diálogo público antes de avanzar en una posible reforma legal.
El funcionario señaló que, si bien los legisladores cuentan con autonomía para presentar iniciativas, resulta indispensable someter este tipo de propuestas a un análisis amplio e incluyente, especialmente cuando existen posturas encontradas, como ha ocurrido tras la propuesta anunciada por la diputada local Nayeli Salvatori Bojalil.
García Parra explicó que la discusión debe incorporar la opinión de diversos sectores de la sociedad, entre ellos empresarios, transportistas, académicos, sector educativo y activistas, a fin de conocer el impacto social, económico y jurídico de una eventual sanción contra quienes simulen ser víctimas de un delito.
Destacó que este tipo de hechos puede tener consecuencias significativas, particularmente por las afectaciones a la movilidad y a la actividad económica, debido a cierres viales en zonas estratégicas que conectan al sur-sureste del país, así como por las pérdidas derivadas de movilizaciones y operativos de seguridad.
“El diálogo abierto es fundamental. Sería conveniente realizar foros donde participe la sociedad en general, ya que estas situaciones generan impactos reales en distintos sectores”, expresó el coordinador de gabinete.
Asimismo, reiteró que la postura del gobierno estatal es garantizar el respeto a los derechos humanos, así como el derecho a la vida y a la libre denuncia, principios que deberán ser considerados en cualquier análisis legislativo.
La polémica surgió luego de que la diputada Nayeli Salvatori Bojalil anunciara en redes sociales que presentará una iniciativa para sancionar severamente a quienes simulen ser víctimas de un delito, argumentando que estas acciones generan gastos públicos innecesarios por la movilización de autoridades.
En contraste, la diputada del PAN, Susana Riestra Piña, calificó la propuesta como frívola, al considerar que podría derivar en la criminalización de la denuncia y desincentivar a las víctimas reales a acudir ante las autoridades.
El tema continúa generando debate público, mientras se evalúa la posibilidad de abrir espacios de participación ciudadana para definir el rumbo de la iniciativa.