El Gobierno de México reportó la detención de 70 mil 571 personas por diversos delitos desde el inicio de la actual administración, como parte de las acciones de la estrategia nacional de seguridad. El balance fue presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario detalló que, además de las detenciones, las autoridades han asegurado 569.9 toneladas de droga, decomisado más de 36 mil armas de fuego y desmantelado 2 mil 700 laboratorios relacionados con la producción de sustancias ilícitas.
Durante su informe, García Harfuch también expuso los resultados de diversos operativos realizados en las últimas tres semanas en distintas entidades, con acciones dirigidas contra presuntos integrantes de organizaciones criminales y personas identificadas como objetivos prioritarios.
Combate a la extorsión suma 2 mil 170 detenidos
Uno de los ejes destacados por la SSPC fue el combate a la extorsión, delito por el que se ha detenido a 2 mil 170 presuntos responsables, de acuerdo con las cifras presentadas por el secretario.
Las acciones buscan debilitar las estructuras criminales que afectan a comerciantes, transportistas y otros sectores de la población, mediante operativos coordinados entre las instituciones federales y las autoridades estatales.
Destacan captura de presunto líder dedicado al robo de hidrocarburos en Puebla
Entre las detenciones relevantes mencionadas durante el informe figura la de Juan Lira, alias “El Moco”, señalado como presunto líder de una red dedicada al robo de hidrocarburos en Puebla.
De acuerdo con la información expuesta, el detenido también es relacionado con investigaciones por homicidios, secuestros y otros delitos. Su caso forma parte de las acciones dirigidas contra las redes dedicadas al robo de combustible y otras actividades ilícitas en la entidad.
Operativos contra la delincuencia en Morelos, Guerrero y Jalisco
El informe de seguridad también incluyó otras capturas relevantes en el país.
En Morelos, las autoridades detuvieron a Ricardo “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en junio de 2025. El detenido fue vinculado a proceso.
En Guerrero, fue capturado Eliseo “N”, alias “El Junior”, identificado como presunto responsable de extorsionar a transportistas en Acapulco. Además, se le relaciona con un ataque armado registrado en octubre de 2025, en el que resultaron heridos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por otra parte, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del Cártel de las Cuatro Letras, organización con presencia referida por las autoridades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.
En este operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la SSPC, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, como parte de la coordinación entre las corporaciones federales.
Asimismo, en Villahermosa, Tabasco, se concretó la captura de Óscar “N”, señalado como presunto integrante de la Mara 18 y considerado un objetivo prioritario para las autoridades de El Salvador.
Gobierno de México construye seis nuevos centros penitenciarios
Como parte de las medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad y el sistema penitenciario, García Harfuch informó que el Gobierno de México trabaja en la construcción de seis nuevos centros penitenciarios.
El secretario sostuvo que las detenciones, los decomisos y los operativos forman parte de una estrategia integral para combatir a las organizaciones delictivas, reducir delitos de alto impacto y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública.
Con estos resultados, la SSPC busca mantener la presión operativa contra las redes criminales y dar continuidad a las acciones enfocadas en delitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos y el tráfico de drogas.
Las cifras presentadas corresponden al balance oficial del Gobierno de México; las personas señaladas como presuntas responsables mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.