Tras las agresiones cometidas contra dos reporteros de televisión en el Centro Histórico de Puebla, el Gobierno municipal informó que no existe certeza sobre la participación de “El Fede”, señalado como presunto líder de comerciantes de la organización Fuerza 2000, aunque confirmó que los responsables materiales de los hechos ya fueron plenamente identificados.
El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, precisó que los comunicadores afectados presentaron las denuncias correspondientes, por lo que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia encargada de dar continuidad a las investigaciones y determinar responsabilidades conforme a derecho.
El funcionario calificó los hechos como reprobables y reiteró que el Ayuntamiento de Puebla mantiene una política de cero tolerancia a la violencia, especialmente cuando se trata de agresiones contra periodistas, al tiempo que subrayó que esta postura se extiende a la protección de la ciudadanía en general. Como parte de estas acciones, señaló que se reforzó la vigilancia en distintos puntos de la ciudad.
Rodríguez Álvarez explicó que en el espacio público existen personas que desempeñan actividades de manera lícita, como franeleros o prestadores de servicios de lavado de vehículos; sin embargo, advirtió que conductas indebidas derivan en faltas administrativas, las cuales son sancionadas con multas que van de mil 200 a 4 mil pesos, además de arrestos de entre 24 y 36 horas, de acuerdo con la normatividad vigente.
Asimismo, destacó que el Ayuntamiento mantiene operativos permanentes y coordinados entre las áreas de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Normatividad, lo que ha permitido ubicar a los involucrados en las agresiones recientes, aunque reconoció que se trata de una problemática extendida en diversas zonas del municipio.
Finalmente, el secretario General de Gobierno descartó la posibilidad de regularizar este tipo de actividades, al argumentar que intentos realizados en administraciones pasadas generaron esquemas de permisividad y derechos jurídicos que posteriormente dificultaron la aplicación de la ley, al permitir incluso la promoción de amparos por parte de los implicados.