Campesinos del norte de Puebla realizaron una doble protesta este martes, bloqueando la autopista Puebla–Veracruz a la altura de Acatzingo y manifestándose frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Delegación Norte. Los productores exigen la devolución inmediata de 220 millones de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por consumo de diésel correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
Afectadas más de 55 mil familias por retraso en reembolsos del IEPS
Los manifestantes denuncian que el retraso en los pagos del IEPS perjudica directamente a unas 55 mil familias rurales, organizadas en 5 mil 500 sociedades agrícolas, cada una integrada por 10 productores.
Según los líderes del movimiento —Aldo Segura, Alejandro Ramírez y Enrique Rodríguez—, desde el año 2000 los agricultores han recibido en promedio 1,493 pesos mensuales como devolución del IEPS, monto fundamental para sostener sus actividades productivas.
Acusan al SAT de frenar pagos tras llegada de nueva auditora
Los productores señalaron que los reembolsos se han detenido desde la llegada de Hilda Reyes Reyes como auditora del SAT en la región norte de Puebla. Afirman que Reyes ha impuesto nuevos requisitos administrativos que han derivado en la suspensión de recursos, excluyéndolos del programa de devolución bajo el argumento de que no han demostrado ser agricultores, al no facturar insumos.
“Esto solo está ocurriendo en la Auditoría Norte. La Auditoría Sur sigue operando con normalidad. ¿Cuál es el criterio para decir que no somos agricultores?”, cuestionaron durante la protesta.
Campesinos exigen diálogo con autoridades hacendarias
A pesar de haber ofrecido una rueda de prensa el pasado jueves para solicitar una mesa de diálogo con autoridades federales, con la mediación del gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier, los productores afirman que no han recibido respuesta oficial.
Los inconformes advierten que las movilizaciones continuarán si no se restablecen los pagos y se eliminan los obstáculos administrativos que, aseguran, están poniendo en riesgo la producción agrícola en la región.