En su intervención, Susana Vanessa Otero González, coordinadora para la Articulación de Acciones para la Erradicación de la Violencia Feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), reconoció el trabajo realizado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo, ha sido un líder impulsor de acciones importantes en favor de las mujeres poblanas a la par que ha desarrollado proyectos para la prevención del feminicidio.
Resaltó que Puebla ocupa el quinto lugar nacional de mujeres involucradas en actividades productivas como el comercio, servicios sociales, restaurantes y servicios de alojamiento.
Otero González mencionó que el 8 de marzo es la ocasión para reafirmar las acciones positivas que tanto el gobierno federal como el de Puebla están llevando a cabo para poder acortar las brechas de desigualdad en el rezago que de manera histórica han tenido las mujeres.
Para concluir, dio a conocer que Puebla con apoyo del gobierno federal ha realizado una serie de proyectos con una inversión superior a los 6 millones de pesos, entre los que se encuentran la coadyuvancia para las acciones de alerta de género. “Con las gestiones realizadas por el gobierno de Puebla, han logrado tener adicionalmente un presupuesto del 78 por ciento de lo que estaba destinado para la Entidad”, finalizó.
ESTADO Y FEDERACIÓN TRABAJAN DE LA MANO EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: MÓNICA DÍAZ
En su intervención, Mónica Díaz de Rivera resaltó que la secretaría que encabeza trabaja de manera permanente para que las mujeres, niñas y adolescentes poblanas cuenten con las herramientas necesarias para acceder a una vida libre de violencia y discriminación.
Díaz de Rivera señaló que el gobierno estatal trabaja de la mano con la federación en la lucha por los derechos de todas las mujeres de forma permanente y constante.
Sobre los objetivos específicos que tratará la Agenda, explicó, se encuentra la toma de acuerdos de alto nivel en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres y para la reducción del rezago en el acceso a la justicia. Lo anterior, a través del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de colectivos, sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Asimismo, las instituciones instrumentarán mecanismos de mejora y elementos colectivos en la procuración de justicia a favor de mujeres, y definirán tanto agendas institucionales como rutas de trabajo que se transformen en políticas públicas para la erradicación de la violencia de género.
