Luego de casi 18 años de procesos judiciales, víctimas de las empresas Sitma e Invergroup en Puebla podrían comenzar a recuperar parte de su dinero en 2026, tras alcanzar un acuerdo de mediación con la defensa de los hermanos Tiro Moranchel, que contempla un primer pago de 55 millones 911 mil pesos.
José Luis Pérez Bello, representante del Grupo de Afectados Zona Dorada, informó que el monto corresponde al avalúo de un terreno de 95 hectáreas ubicado en Calpan, cuyo valor y documentación ya fueron registrados ante el Juzgado Cuarto de Distrito.
El acuerdo beneficiará únicamente a los inversionistas defraudados en Puebla y forma parte de las negociaciones para recuperar los mil 275 millones de pesos que reclaman alrededor de 8 mil 950 personas. De esta cantidad, 950 millones corresponden a Sitma, que afectó a 6 mil 250 personas, mientras que Invergroup dejó pérdidas estimadas en 325 millones de pesos para otras 2 mil 700 víctimas.
Como parte del compromiso, los abogados de los hermanos Leonardo, Edmundo e Iris Tiro Moranchel ofrecieron aportar más propiedades y bienes, incluidos terrenos en Atlixco, vehículos y una avioneta en Huejotzingo, con la intención de cubrir la totalidad de los recursos reclamados.
Este miércoles 14 de octubre, los afectados se reunieron en el monumento a Juárez para organizar la revisión de sus expedientes y actualizar las listas de personas que buscan recuperar sus ahorros. Para recibir el pago, cada víctima deberá presentar su contrato original y documentación oficial que compruebe la cantidad invertida.
Víctimas llevan casi dos décadas esperando justicia
Entre los afectados se encuentra Ignacio Mayorga Rodríguez, quien relató que invirtió 100 mil pesos en una sucursal de Plaza Dorada, después de conocer la empresa por recomendación de una maestra. Explicó que inicialmente recibía rendimientos mensuales del uno por ciento, pero dejó de obtener pagos al llegar el plazo de su inversión.
Mayorga recordó que han transcurrido casi 18 años sin recuperar su capital y destacó que los afectados han mantenido reuniones constantes para exigir una solución.
El caso suma 52 procesos penales iniciados desde 2009, cuando miles de inversionistas descubrieron que no podían recuperar su dinero. Ahora, las víctimas esperan que el acuerdo de mediación se traduzca en los primeros pagos y permita avanzar en la reparación del daño.