La Contraloría Municipal de Puebla informó que será hasta enero de 2026 cuando se determinen las sanciones administrativas derivadas del presunto faltante de 547 millones de pesos detectado en la administración panista encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez. El retraso se debe a la falta de comprobantes que respalden parte del gasto ejercido durante el anterior gobierno municipal.
De acuerdo con la contralora Dulce Lilia Rivera Aranda, el caso pasará a la Dirección de Responsabilidades, área encargada de revisar cada expediente y definir si existen elementos para proceder contra exfuncionarios.
Omisiones en entrega-recepción complicaron la solventación de irregularidades
Durante el proceso de entrega-recepción, explicó Rivera Aranda, se registraron múltiples omisiones por parte del gobierno saliente, lo que dificultó solventar las observaciones detectadas. Las auditorías realizadas a lo largo del último año concluirán en diciembre, y entonces comenzará la etapa final de análisis.
Hasta el momento, permanecen sin aclarar 387 millones de pesos relacionados con:
- Obra pública
- Contratos y servicios
- Inversión municipal
- Gasto corriente
Además, se identificaron deudas con proveedores, pagos sin justificación y falta de documentación en diversas áreas. Estas irregularidades motivaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
368 observaciones sin atender en dependencias municipales
La Contraloría también reveló que durante la transición se detectaron 368 observaciones en distintas dependencias del Ayuntamiento, mismas que no fueron atendidas adecuadamente por la administración anterior.
Las autoridades municipales proyectan concluir todos los procedimientos administrativos antes de que finalice el trienio del alcalde José Chedraui, con el objetivo de garantizar claridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.