Las empresas en México enfrentan un nuevo panorama de estricta supervisión tras la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti-Lavado. Quienes incumplan con las disposiciones podrían ser sancionados con multas que van desde 22 mil 628 pesos hasta más de 7.3 millones de pesos, advirtió el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla.
Principales errores que ponen en riesgo a las empresas
De acuerdo con Berenice Espinoza Moreno, responsable de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del organismo, las fallas más frecuentes entre los contribuyentes son:
- Uso excesivo de efectivo en operaciones.
- Omisión en la verificación de antecedentes de clientes.
- Falta de respuesta a requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estos descuidos colocan a las compañías en riesgo no solo de sanciones económicas, sino también de investigaciones legales que podrían dañar su reputación y permanencia en el mercado.
Más actividades consideradas vulnerables
La reforma legal, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, amplió a 17 las actividades consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero. Entre ellas se encuentran:
- Inmobiliarias
- Agencias automotrices
- Joyerías
- Casinos
- Galerías de arte
- Emisores de tarjetas
- Empresas vinculadas con criptomonedas
Con esta actualización, el Gobierno busca cerrar espacios utilizados por la delincuencia organizada para blanquear capitales ilícitos o financiar actividades terroristas.
Capacitación para cumplir la Ley Anti-Lavado
El presidente del Colegio, José Darío Zamora Mendoza, informó que se están ofreciendo cursos de capacitación especializada a contadores y responsables de actividades vulnerables, con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma y reducir riesgos.
“El objetivo no es solo evitar sanciones, sino también contribuir al combate del financiamiento ilícito y del terrorismo”, subrayó.
México se alinea con estándares internacionales
La reforma entró en vigor el 17 de julio de 2025, como parte de los compromisos de México para alinearse con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer lineamientos globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Con estas medidas, el país refuerza su estrategia para blindar al sistema financiero y a los sectores económicos más vulnerables frente al crimen organizado.