El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en su administración no existe espacio para la omisión ni la complicidad en materia de seguridad, al destacar las recientes acciones emprendidas contra servidores públicos y particulares presuntamente relacionados con actividades delictivas.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno de Puebla trabaja con estricto apego a la ley y en coordinación con las autoridades encargadas de la procuración de justicia, utilizando herramientas tecnológicas, inteligencia y el respaldo de las corporaciones de seguridad para combatir a la delincuencia.
«Los poblanos deben tener la certeza de que actuamos conforme a la ley, sin complicidades y sin omisiones», expresó Armenta al referirse a las detenciones registradas en los últimos días, entre ellas las de directores de Seguridad Pública municipales, un presidente auxiliar de San Martín Texmelucan y un empresario poblano.
Fiscalía de Puebla confirma proceso contra seis exdirectores de Seguridad
En la misma conferencia, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que seis exdirectores de Seguridad Pública de municipios del interior del estado fueron vinculados a proceso por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber.
Los funcionarios señalados son:
Manuel N., de Jopala.
Ángel N., de Tlaola.
Evencio N., de Tlapacoya.
David N., de Chietla.
Gonzalo N., de Tehuitzingo.
José Santiago N., de Chila de la Sal.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que los exmandos habrían permitido la operación de actividades ilícitas dentro de sus respectivas demarcaciones.
Narcolaboratorio operó por más de un año, señala Seguridad Pública
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, explicó que los exdirectores fueron omisos ante la instalación y funcionamiento de un narcolaboratorio desmantelado por autoridades federales en la Sierra Norte, el cual, según las investigaciones, tenía capacidad para abastecer de droga tanto al estado de Puebla como a Veracruz.
El funcionario indicó que la infraestructura criminal habría permanecido operando durante más de un año y estimó que las ganancias generadas por esa actividad ilícita pudieron alcanzar 2 mil 400 millones de pesos anuales.
Asimismo, advirtió que las investigaciones continúan para identificar a más personas que pudieran estar involucradas, al considerar que la operación del laboratorio era visible para autoridades locales.
Gobierno reforzará vigilancia en municipios
Sánchez González señaló que la administración estatal incrementará la presencia de elementos de seguridad en distintas regiones de Puebla, debido a que los grupos delictivos aprovechan la falta de vigilancia para establecer sus operaciones.
También reiteró que los ayuntamientos cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado para combatir la delincuencia; sin embargo, advirtió que la omisión frente a estos hechos puede derivar en responsabilidades legales.
Finalmente, recordó que la administración estatal mantiene supervisión sobre el cumplimiento de los procesos administrativos y de las evaluaciones de control y confianza, ya que algunos municipios aún presentan rezagos en este requisito indispensable para fortalecer las corporaciones policiales.