Habitantes de San José Zetina, comunidad ubicada en la región de San Andrés Azumiatla, denunciaron un presunto intento de despojo de tierras por parte de la inmobiliaria Vasur. Acusaron además a la Dirección de Catastro del estado de Puebla de negarse a entregarles sus documentos prediales, a pesar de contar con escrituras y una resolución judicial que los reconoce como propietarios legítimos.
Durante una conferencia de prensa, Israel Flores Escalona, representante de las 170 familias afectadas, señaló directamente a Vasur, empresa propiedad de Guillermo y Javier Pacheco Pensado —hijos del exgobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido—, de intentar apropiarse ilegalmente de 400 hectáreas de terreno que los habitantes han trabajado y habitado durante más de tres décadas.
«Desde 2023 solicitamos la cuenta predial y, a mediados de 2025, seguimos sin recibir respuesta», denunció Flores Escalona. «La negativa de Catastro es incomprensible, especialmente cuando ya existe un fallo judicial que nos reconoce como legítimos propietarios.»
Denuncian Intimidación y Abusos
El vocero comunitario también alertó sobre actos de intimidación por parte de supuestos enviados de Vasur, quienes han intentado cerrar el acceso a los predios utilizados por las familias para la agricultura y la crianza de animales.
“No presentan documentos, no se identifican, simplemente llegan a intimidar. No tienen facultad legal para actuar así”, expresó Flores Escalona.
Según los pobladores, la empresa justifica sus acciones con base en un presunto acuerdo con un tercero, argumento que no tiene sustento en la documentación oficial.
“Si Catastro emitió una cuenta a otra persona, es un error administrativo, pero no puede ser utilizado para despojarnos de nuestras tierras”, añadió.
Exigen Intervención del Gobierno Estatal
Los habitantes de San José Zetina hicieron un llamado urgente al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para que intervenga en la resolución del conflicto y garantice el respeto a la propiedad legal de las familias afectadas.
Asimismo, exigieron una investigación a fondo sobre la actuación de las autoridades involucradas y pidieron que se frenen los presuntos abusos por parte de la inmobiliaria.