El coordinador de gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que desde hace seis meses se mantiene una investigación sobre presuntas transferencias de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins hacia paraísos fiscales, derivada de denuncias internas por conflictos entre sus integrantes.
En entrevista, el funcionario explicó que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado se encuentra revisando la información disponible, aunque subrayó que el caso se originó por diferencias entre particulares. No obstante, el seguimiento estatal responde a la relevancia económica y legal que el tema representa para Puebla, debido al impacto del patrimonio de la fundación en instituciones educativas y proyectos sociales.
“Es un tema que se está revisando con cuidado, a partir de denuncias formales presentadas por integrantes de la propia fundación”, precisó García Parra.
Esta investigación se desarrolla en paralelo a las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para profundizar en la revisión de operaciones financieras vinculadas con la Fundación Mary Street Jenkins. El objetivo es determinar si existen irregularidades fiscales, desvío de recursos o posibles actos de lavado de dinero.
Cabe recordar que la Fundación Mary Street Jenkins ha sido señalada en distintas ocasiones por presuntas anomalías en la administración de su patrimonio, lo que ha derivado en múltiples procesos legales y fiscales a nivel nacional.
Las autoridades federales y estatales coincidieron en que las indagatorias continuarán hasta esclarecer el destino de los fondos y deslindar responsabilidades, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos asociados a la fundación.