El proyecto de videovigilancia en la autopista México-Puebla, una de las vías más transitadas y con mayores reportes de inseguridad en el país, permanece detenido debido a que Caminos y Puentes Federales (Capufe) no ha autorizado la instalación de cámaras de seguridad, informó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario detalló que el gobierno estatal de Puebla ya tiene lista la estrategia técnica y operativa para colocar estos dispositivos, pero el avance del plan está condicionado por la autorización de Capufe, que hasta el momento no ha dado luz verde.

“Este tema lo hemos tratado en la mesa de seguridad. Ya tenemos previsto desde hace mucho la instalación de las cámaras de videovigilancia y el resto del sistema, pero la traba principal ha sido la falta de permiso por parte de Capufe”, explicó Sánchez González.

Proyecto incluye 200 cámaras en 60 puntos críticos de la autopista México-Puebla

El plan contempla la instalación de 200 cámaras de vigilancia distribuidas en 60 puntos estratégicos de la autopista, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir asaltos a transportistas, quienes constantemente reportan delitos en este tramo carretero clave.

Gobierno de Puebla asumirá el control de la seguridad en el tramo

Ante la falta de respuesta por parte de Capufe, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha instruido que el estado asuma la responsabilidad en materia de seguridad en esta vía. Además, confirmó que su administración ya trabaja en la adquisición de los equipos de videovigilancia, con recursos propios, para implementar el sistema lo antes posible.

“No vamos a esperar más. Vamos a actuar por la seguridad de los transportistas y los usuarios que todos los días transitan esta autopista”, declaró Armenta Mier en días recientes.

Una estrategia para combatir la incidencia delictiva en una de las vías más transitadas del país

El sistema de videovigilancia de la autopista México-Puebla fue anunciado originalmente en marzo como parte de una estrategia integral de seguridad para reducir la incidencia delictiva en una carretera que conecta al Valle de México con el sureste del país y que es clave para el transporte de mercancías.

Actualmente, el proyecto está en pausa, pero las autoridades poblanas han reiterado su compromiso con la protección de los usuarios y el combate frontal a la delincuencia en las carreteras.