En un paso firme hacia la erradicación de la violencia de género y la protección de los derechos de la infancia, el Cabildo de Puebla aprobó por unanimidad reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y al Código Reglamentario Municipal (COREMUN), con las que se prohíbe el acceso al servicio público municipal a personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Con estas reformas, el Ayuntamiento de Puebla se adhiere a los principios de la “Ley 3 de 3 contra la violencia”, una iniciativa nacional que busca cerrar la puerta a agresores y deudores alimentarios en cargos públicos, promoviendo gobiernos más éticos y responsables.
Requisitos éticos para integrarse al Ayuntamiento
Los cambios aprobados establecen que toda persona que desee ingresar a laborar en la administración municipal, en especial en puestos de confianza, deberá cumplir con requisitos éticos mínimos, como:
- No contar con sentencia firme por violencia familiar.
- No haber sido condenado por delitos sexuales.
- No estar registrado como deudor alimentario moroso.
Asimismo, se incorporaron disposiciones al COREMUN para reforzar la institucionalización de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género desde el ámbito municipal.
Compromiso institucional con la igualdad y la justicia
La propuesta fue impulsada por la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del Cabildo, la cual subrayó que el ejercicio del servicio público debe estar respaldado por principios de integridad, responsabilidad familiar y respeto a los derechos humanos.
“Esta iniciativa marca un precedente en la historia del Ayuntamiento de Puebla. No podemos permitir que el poder público sea utilizado para perpetuar la violencia o proteger a quienes la ejercen”, expresaron integrantes del Cabildo durante la sesión.
Con esta acción, el Gobierno Municipal de Puebla reafirma su compromiso con una administración pública libre de violencia, transparente y en sintonía con los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.