Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado se manifestó en contra de la propuesta impulsada por Morena para sancionar penalmente a quienes presenten reportes de desapariciones falsas, al considerar que dicha iniciativa podría criminalizar a las familias, vulnerar derechos humanos e inhibir la denuncia social.
La diputada local Fedrha Suriano Corrales fijó una postura crítica frente al planteamiento, al advertir que imponer castigos por presuntas desapariciones fingidas implicaría un retroceso en el acceso de la ciudadanía a la justicia y al auxilio de las autoridades.
La legisladora subrayó que reformar la ley con un enfoque punitivo representa una sobrelegislación, cuando el problema de fondo no radica en la falta de sanciones, sino en la debilidad de los procesos de investigación y procuración de justicia.
“Más que pensar en castigos, debemos fortalecer la impartición de justicia y garantizar que la ley se aplique correctamente para evitar este tipo de situaciones”, sostuvo Suriano Corrales
Desde Movimiento Ciudadano, enfatizó, existe un rechazo claro a un Estado punitivo, especialmente en temas sensibles como la desaparición de personas, donde una mala redacción legislativa podría generar miedo entre la población y desalentar la presentación de denuncias.
“Hay que ser muy cuidadosos al presentar iniciativas que no vulneren derechos ni provoquen que las personas desistan de denunciar por temor a ser castigadas. Se requiere mucha sensibilidad para no inhibir la denuncia”, expresó.
La diputada consideró que este tipo de propuestas deben analizarse con objetividad y responsabilidad en el Poder Legislativo, a fin de no afectar derechos humanos ni enviar un mensaje erróneo a la sociedad.
Las declaraciones se dieron en el contexto de la iniciativa presentada por la diputada Nay Salvatori, que busca castigar legalmente las desapariciones fingidas, tras casos recientes como el de la joven Lydia N.
Al respecto, Suriano Corrales calificó estos planteamientos como prematuros, lamentables y preocupantes, al señalar que carecen de un análisis profundo y de la sensibilidad que exige un fenómeno social tan delicado.
Finalmente, advirtió que propuestas sin el debido sustento pueden generar la percepción de que la LXII Legislatura pretende inhibir la denuncia ciudadana, cuando el verdadero objetivo debería ser fortalecer la confianza en las autoridades y promover que las víctimas y sus familias acudan sin temor a solicitar ayuda.
