La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó la recuperación de 343 plazas docentes y administrativas como resultado de una auditoría interna y de los procesos de revisión que actualmente se desarrollan dentro de la dependencia para detectar posibles irregularidades en su asignación.
El titular de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso, señaló que esta medida forma parte de una estrategia de supervisión impulsada por el Gobierno del Estado para garantizar la legalidad y transparencia en la administración de los recursos humanos del sistema educativo poblano.
Auditoría inició tras detectar presuntas irregularidades
Las investigaciones comenzaron a principios de 2026, luego de que las autoridades estatales ordenaran una auditoría enfocada en revisar la asignación de plazas heredadas de administraciones anteriores, ante señalamientos sobre posibles inconsistencias en los procedimientos de otorgamiento.
Como parte de las acciones de control, la dependencia suspendió temporalmente la entrega de nuevos nombramientos mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.
Trabajo coordinado con instancias fiscalizadoras
La revisión fue desarrollada de manera conjunta con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de otros organismos encargados de la fiscalización y vigilancia de los procesos administrativos.
El objetivo principal ha sido identificar posibles anomalías, corregir irregularidades y fortalecer los mecanismos de control dentro de la estructura educativa estatal.
Continúan investigaciones en la SEP Puebla
Manuel Viveros Narciso destacó que la recuperación de las 343 plazas representa uno de los primeros resultados concretos de la auditoría; sin embargo, precisó que las revisiones siguen en curso para detectar nuevas inconsistencias y garantizar que las plazas sean asignadas conforme a la normatividad vigente.
Las autoridades estatales reiteraron que estas acciones buscan reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento del sistema educativo en Puebla, evitando prácticas que puedan afectar la operación de las instituciones escolares y el acceso equitativo a las oportunidades laborales dentro del sector educativo.