Un grupo de transportistas que no realizó a tiempo la regularización de sus unidades anunció un posible paro para este 3 de febrero como medida de presión para evitar multas y sanciones, luego de que se les notificara que no podrán circular sin las nuevas placas oficiales.
La advertencia ocurre después de una extensa campaña de actualización impulsada por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), encabezada por Silvia Tanús, en la que se convocó de manera reiterada a concesionarios y permisionarios a cumplir con los trámites administrativos, la renovación de placas y la mejora de las condiciones físicas de las unidades.
Muchos de los transportistas que hoy llaman al paro no realizaron los trámites correspondientes, no actualizaron su documentación, no invirtieron en la modernización de sus vehículos y mantienen unidades en condiciones deficientes, pese a haber contado con tiempo suficiente para cumplir con la normatividad vigente.
En redes sociales, algunos operadores han amenazado con salir a circular aun sin cumplir los requisitos, lo que ha generado un amplio debate público. Usuarios del transporte colectivo han cuestionado estas posturas al señalar problemas persistentes como el sobrecupo, cobros indebidos, falta de mantenimiento, trato inadecuado por parte de algunos conductores, así como la ausencia de prioridad para personas adultas mayores y con discapacidad.
Además, se han documentado quejas por accidentes frecuentes, unidades en mal estado y prácticas irregulares que afectan directamente la seguridad y la calidad del servicio.
Para diversos sectores de la población, el paro anunciado no busca mejorar el transporte público, sino presionar a las autoridades para evadir sanciones que consideran resultado de omisiones acumuladas.
La Secretaría de Movilidad y Transporte ha reiterado que la regularización es obligatoria y tiene como objetivo garantizar un servicio digno, seguro y accesible para la ciudadanía, por lo que las sanciones a quienes incumplan forman parte de un proceso legal previamente anunciado.
El posible paro abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los concesionarios y el derecho de los usuarios a un transporte público moderno, seguro y regulado, en un contexto donde las autoridades aseguran que no habrá marcha atrás en la aplicación de la ley.