Con apego a protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, el pasado lunes se concretó el traslado de Javier López Zavala al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González.
El funcionario explicó que esta medida se adoptó tras la sentencia de 60 años de prisión dictada contra López Zavala por el delito de feminicidio, y tiene como objetivo principal preservar el orden y la estabilidad al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, donde el reo permanecía anteriormente.
Sánchez González detalló que el traslado era una solicitud planteada desde hace varios meses por las autoridades estatales; no obstante, el proceso legal que enfrentaba el interno había impedido su ejecución. Una vez concluido el litigio, se autorizó el cambio al penal federal de máxima seguridad.
De manera extraoficial, se señaló que López Zavala presuntamente contaba con privilegios indebidos, realizaba actividades económicas al interior del penal y mantenía influencia sobre algunas áreas del Cereso, donde incluso se habrían registrado eventos no permitidos, situación que generaba riesgos para la gobernabilidad interna del centro penitenciario.
“Era fundamental concretar este traslado para recuperar la estabilidad en el Centro Penitenciario de San Miguel”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al subrayar que la acción responde a criterios estrictamente institucionales.
Durante su participación en la conferencia matutina, el secretario informó que el traslado se realizó el lunes a las 6:15 horas, conforme a los lineamientos establecidos y con supervisión para garantizar el respeto a los derechos humanos. Aunque reconoció que se presentaron algunas situaciones durante el operativo, evitó dar mayores detalles al respecto.
Finalmente, reiteró que el envío de Javier López Zavala al penal de El Altiplano forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad penitenciaria en Puebla y evitar condiciones que puedan afectar el control interno de los centros de reclusión del estado.