La ex alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, fue vinculada a proceso penal por el delito de intimidación contra testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con el caso de tortura y abuso sexual en agravio de las periodistas Natalie Hoyos y Michelle López, ocurrido en 2023.
La decisión fue tomada por el juez de control Jorge Eduardo Ramírez Téllez, quien consideró que existían datos de prueba suficientes, presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para acreditar la probable responsabilidad de la exfuncionaria.
Amenazas para encubrir abusos
De acuerdo con las investigaciones, Irene Olea habría amenazado a varios testigos —entre ellos exempleados municipales— con perder su trabajo si declaraban ante las autoridades sobre los hechos de violencia cometidos contra las periodistas durante su gestión. Entre los testigos se encontraba Socorro Barrera, ex policía municipal, quien fue asesinada el 20 de junio de 2024, en un hecho que aún se investiga.
Aunque también se le imputaban los delitos de falsificación de documentos y declaraciones, el juez desestimó estos cargos por falta de pruebas contundentes.
Avanza el caso con medidas cautelares y nueva etapa de investigación
Tras la vinculación a proceso, el juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el cual se definirán nuevos elementos que podrían robustecer el caso penal en contra de Irene Olea Torres. De ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de uno a siete años de prisión.
Mientras tanto, se mantienen vigentes las medidas cautelares, que prohíben a Irene Olea acercarse a las víctimas —Natalie Hoyos y Michelle López— así como a los testigos protegidos del caso.