El Ayuntamiento de Puebla capital avanza en la implementación de nuevas medidas para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes que ingresen a centros de hospedaje. A través de reformas al Código Reglamentario Municipal (Coremun), se exigirá a hoteles, moteles y establecimientos similares que verifiquen el parentesco entre adultos y menores que pretendan hospedarse juntos.

La propuesta fue aprobada por las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Turismo, y de Atención y Protección a la Niñez, cuyos integrantes coincidieron en la urgencia de establecer filtros más rigurosos para prevenir delitos como la trata de personas y la explotación sexual infantil.

El regidor Carlos Montiel Solana, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, explicó que esta iniciativa responde a una reciente actualización de la Ley General de Turismo a nivel federal. Dicha reforma obliga a estados y municipios a implementar mecanismos de protección para menores dentro del sector turístico.

Documentación obligatoria y sanciones

Entre los cambios más relevantes se encuentra la obligación de que las personas adultas presenten documentos oficiales —como la CURP, acta de nacimiento o credencial escolar— que acrediten su relación legal con los menores de edad. En caso de incumplimiento, los centros de hospedaje podrían ser sancionados con clausuras temporales de hasta 45 días.

Las inspecciones estarán a cargo de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, que deberá verificar que todos los establecimientos cumplan con estas nuevas disposiciones.

Reforma lista para votación final

Las modificaciones se aplicarán a los artículos 631, 632 y 634 del Coremun. Tras su aprobación en comisiones, la reforma será turnada al Cabildo para su votación final. Si es avalada, se enviará al Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial y posterior entrada en vigor.

Con esta reforma, el gobierno municipal de Puebla busca alinear sus políticas locales con los estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia, reforzando la vigilancia en espacios donde la seguridad de los menores debe ser prioritaria.